«Es más importante controlar las fronteras que salvar vidas» - Alfa y Omega

«Es más importante controlar las fronteras que salvar vidas»

La colaboración entre la Policía y algunas congregaciones religiosas es uno de los aspectos más novedosos de la lucha contra la trata en España. El Escorial (Madrid) es, mañana y el sábado, anfitrión de la tercera conferencia del Grupo Santa Marta, formado por jefes de policía, obispos e instituciones de todo el mundo

Cristina Sánchez Aguilar
Foto: Documental Deseos. Fundación Cruz Blanca

En los años 90 en Madrid «empezaban a aparecer las primeras mujeres víctimas de trata, pero ni siquiera sabíamos definir bien lo que era». Ana Almarza, religiosa adoratriz, trabajaba con mujeres en contextos de prostitución y empezó a recibir llamadas de la Policía, «que identificaba a mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente para que hablásemos con ellas», recuerda. La colaboración entre las instituciones fue estrechándose y en 2013 se formalizó un acuerdo verbal por el que «cada vez que encontraban a una potencial víctima nos llamaban. No solo cuando eran identificadas, sino desde el momento de la sospecha». Así las religiosas adoratrices y el equipo de trabajadoras del Proyecto Esperanza empezaron a acompañar a la UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Policía Nacional), durante las redadas a pisos y clubes. «Justo ayer fue uno de nuestros equipos a un piso», cuenta Almarza, que participará mañana en la tercera conferencia del Grupo Santa Marta en El Escorial. Junto a ella se darán cita congregaciones religiosas, jefes de policía y obispos de países como Rumanía, Nigeria o Tailandia. Monseñor Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, e Ignacio Cosidó, director general de la Policía, serán los anfitriones.

«Nuestro objetivo es crear durante las redadas un espacio de confianza con las chicas, pero no es fácil en un ambiente tan crudo. Yo me llevo la imagen de santa María Micaela, nuestra fundadora, para que me dé fuerza», afirma la religiosa. Solo este año 25 mujeres han sido derivadas desde la Policía al Proyecto Esperanza. «Nos complementamos con su trabajo, porque la mayoría de las mujeres vienen de países donde las fuerzas de seguridad son corruptas, y tienen miedo».

Hablan el mismo idioma

Conchi Jiménez es auxiliar del Buen Pastor. Como la fundadora de esta asociación, Isabel Garbayo, ha dedicado su vida a salir a la calle para buscar chicas que sufren explotación sexual. Arranca a las jóvenes de las mafias y las lleva a su nuevo hogar, Villa Teresita. «Dos días a la semana vamos a los polígonos industriales, y hacemos visitas constantes al CIE –Centro de Internamiento de Extranjeros–».

El trabajo de Villa Teresita en Valencia con la Policía es recíproco: «Ellos nos llaman cuando van a hacer redadas, y nosotras les avisamos cuando creemos que hay indicios de trata en alguna chica que está en el CIE». Tanta es la confianza, que hay ocasiones en que las Fuerzas de Seguridad «sacan a la chica del centro y la dejan a nuestro cuidado, aunque no sepamos todavía al cien por cien que es una víctima». También hay ocasiones en que las mujeres no quieren denunciar, pero sí «declaran de manera informal gracias a la cercanía que tenemos con ellas, y eso da pistas a la Policía para investigar».

Uno de los motivos por el que se crea este ambiente de seguridad es porque en Villa Teresita Valencia hay una trabajadora social rumana y una mediadora nigeriana. Hablan el mismo idioma que las víctimas, y han pasado por situaciones similares. «Aquí hay muchísimas chicas rumanas que ejercen prostitución obligadas por un proxeneta. La mayor parte de las veces están enamoradas de ellos. Luego están las chicas sudafricanas, que vienen con miedo por lo que les pueda pasar a sus familias», cuenta Conchi. Aunque en menor número, también hay chicos víctimas de explotación. «El año pasado tuvimos a un hombre búlgaro en uno de nuestros pisos».

Foto: CNS

La identificación en las fronteras

El Proyecto Esperanza pedía en una nota de prensa con motivo del Día Europeo contra la Trata –celebrado el día 18 de octubre– que «se mejore la identificación de las víctimas de trata, reforzando los derechos humanos». Esto es especialmente mejorable en el Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas. «Hay muchas mujeres que acceden a nuestro país por el aeropuerto. Llegan con visados, y aparentemente son turistas», explica Marta González, coordinadora del Proyecto Esperanza. Hay veces que los papeles están en orden y entran en España sin pena ni gloria, aunque lleguen muertas de miedo. Otras, los pasaportes son detectados como falsos «y el policía de frontera no permite el acceso a la persona, pero tampoco ve qué hay detrás de ese intento de entrada ilegal».

Solo una vez –añade– «hemos tenido un caso en el que la Policía de frontera activó el Protocolo de Trata y avisó a la UCRIF. Al final la chica resultó ser víctima, así que entró en España y fue derivada a nuestro proyecto». González reivindica «un esfuerzo aún mayor en la formación de la Policía de frontera» y «que se permita a las entidades sociales acceder a las fronteras y poder identificar a las víctimas».

Para Tania García Sedano, profesora universitaria experta en trata, «el problema está en que es más importante controlar las fronteras que salvar vidas. Si se antepone la soberanía del territorio español, los seres humanos quedan en segundo plano». García Sedano ejemplifica su afirmación con «los escándalos en los CIE. Dentro hay identificadas víctimas de trata que están esperando a ser expulsadas de España». También con «lo que ocurre en la Frontera Sur. Si te cogen en la valla te dan un palo y te echan. No preguntan».

Las víctimas en la Frontera Sur

El primer lugar al que llegan las mujeres que logran cruzan la frontera es el CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes). En el de Ceuta trabaja Esperanza Jorge, de la Fundación Cruz Blanca. «La colaboración con el centro es muy buena, pero hay un problema de masificación –las plazas son para 600 y hay más de 1.500 personas– que dificulta mucho la identificación de víctimas por parte de la Policía. Y como nuestros informes son solo de apoyo… Sería fundamental que tengamos de verdad un papel vinculante», reconoce.

La organización también se encuentra con otro problema: «En el CETI conviven las víctimas con los tratantes. Así que es muy difícil conseguir que las chicas se abran. Tenemos que rompernos la cabeza para crear talleres o actividades en los que, de forma sutil, nos puedan decir lo que ocurre». A veces se logra. Sin ir más lejos, la semana pasada «se activó el protocolo gracias a un informe que hicimos conjunto con la ONG Cepaim. Eran cuatro chicas, una de ellas menor de edad. La pequeña ya está en un centro de menores, aunque las otras tres decidieron seguir su camino».

Las asignaturas pendientes

Hay una colaboración estrecha entre la Policía y las instituciones que trabajan con las víctimas, «pero el Protocolo Marco de Protección de Víctimas de Trata de Seres Humanos –documento base con el que se trabaja en España– establece que solo las Fuerzas de Seguridad pueden identificarlas formalmente», asegura Marta González, coordinadora del Proyecto Esperanza. Esta deficiencia provoca que «en muchas ocasiones, no podamos coordinarnos adecuadamente».

Otra de las asignaturas pendientes, según González, es que «la colaboración entre la Policía y las entidades especializadas en atención a víctimas ha sido, hasta ahora, un acuerdo verbal». Varias instituciones están trabajando en una propuesta al Ministerio del Interior «para que haga una instrucción que formalice el trabajo conjunto. Que quede recogido por escrito».

También es mejorable «la protección de las víctimas que deciden colaborar. Hasta ahora no es del todo segura, y su vida corre peligro». Lo afirma Tania García Sedano, profesora universitaria y experta en el delito de trata de seres humanos. «Por ejemplo, una víctima que ha denunciado, si decide no colaborar con la administración de justicia para perseguir el delito, no va a recibir protección internacional, porque no se la considera un grupo especialmente vulnerable. De hecho, el Estado considera que no pasa nada porque vuelva a su país de origen, donde la mafia sigue operando. Nadie tiene en cuenta que se la pueda revictimizar».

Conchi Jiménez, religiosa de Villa Teresita Valencia, añade que «aunque denuncien, no tienen prestaciones sociales que las sostengan. Por ejemplo, no entran dentro de la partida a la víctimas de violencia de género, porque se necesitan órdenes de alejamiento, entre otras cosas. Si no es por las entidades sociales que las apoyamos, las chicas que denuncian estarían en la calle. A nivel público, queda mucho por mejorar».