Las leyes de apoyo a la maternidad, papel mojado - Alfa y Omega

Las leyes de apoyo a la maternidad, papel mojado

Ocho Gobiernos autonómicos, casi todos del PP, han aprobado en los últimos años la Iniciativa Legislativa Popular RedMadre. Da buena imagen, pero después «no ha habido voluntad política» para aplicar las medidas aprobadas y «no está funcionando», denuncian desde RedMadre

María Martínez López
Sede de RedMadre, en Madrid.

Seis años
Castilla y León

Castilla y León fue la primera Comunidad que aprobó la Iniciativa Legislativa Popular Autonómica RedMadre, y «tuvo un inicio bastante prometedor -explica don Fernando de Pablo, Delegado del Foro de la Familia en Burgos-. Empezamos con unas subvenciones de cerca de 40.000 euros para las nueve provincias, y colaborando con la Administración». Con la crisis, «la subvención se ha reducido a 10.000 euros, a repartir. Esto cubre aproximadamente el 5 % de la actividad de RedMadre». Una ayuda ridícula frente a lo que gasta la Junta en financiar abortos. Por ejemplo, en Valladolid, sólo entre junio y diciembre de este año, el contrato supera los 197.000 euros. Más allá de las cifras, hay casos sangrantes, como el de una mujer que esperaba quintillizos: «La Administración le ofreció una reducción embrionaria en el Servicio Vasco de Salud. En cambio, cuando siguió adelante, corrió con todos los gastos la asociación provida que la atendía».

La ley contemplaba otras medidas, como formación para el personal sanitario, o los derechos de la embarazada en educación. En el primer caso, RedMadre ha dado cursos -voluntarios y gratuitos- a 700 profesionales de Atención Primaria. En lo educativo, no se ha hecho nada: «Casi ningún funcionario sabe que una estudiante embarazada tiene derecho, por ejemplo, a una flexibilización de horarios. ¿Cómo van a garantizárselo?». El problema se solucionaría con algo tan sencillo como que la Junta formara a todos los funcionarios sobre la ley, como se hace en otros casos.

Cinco años y cinco meses
Comunidad Valenciana

En mayo de 2009, una representante de RedMadre Valencia opinaba, en este semanario, que la Ley de Protección a la Maternidad, que estaba a punto de aprobarse asumiendo el contenido de la ILP, había «quedado redonda». Cinco años después, la valoración es muy distinta. «Ha sido un fracaso que han pagado las madres», explica don Vicente Morro, Vicepresidente del Foro Valenciano de la Familia. La Generalidad sustituyó la labor de la sociedad civil por «un organismo burocrático de la Consejería de Bienestar Social, el programa + vida. No se ha hecho nada: los tres centros de atención previstos no se han puesto en marcha, o han desaparecido.

Tampoco hay casas de acogida, ni una renta básica para embarazadas… Sólo ha tenido plasmación real el contar al concebido como un miembro más de la familia para cosas muy concretas». De hecho, en la web de la Consejería, «ni siquiera aparece el programa. Cuando alguna mujer llama y pide ayuda para seguir adelante, la remiten a Provida, RedMadre o la Casa Cuna», que no reciben ninguna ayuda del programa. «Sólo hay algunas subvenciones» por otras vías, «y se han recortado muchísimo. Provida recibe 5.000 euros anuales, pero sólo en leche gasta 3.000 al mes».

Don Vicente concluye que «está claro que no hay voluntad política de adoptar medidas que frenen el aborto». El Gobierno se hizo propaganda con el programa + vida, «pero no era una de sus prioridades. Le han dado el título, pero no el contenido».

Cuatro años y nueve meses
Canarias

Las mujeres atendidas por RedMadre en Canarias tienen a su disposición ginecólogos, psicólogos y asistentes sociales que las atienden gratis, las informan bien, y las animan a seguir adelante. No es gracias a la Administración. De hecho, si la mujer va al médico o asistente social que le corresponde, la acompaña un voluntario, porque «no se ha hecho nada para que no las orienten directamente a abortar», explica don Francisco Álvarez, promotor de la ILP en las islas.

La Ley canaria de Igualdad, aprobada en febrero de 2010, incluía algunas propuestas de la ILP. Poco después, el Gobierno cambió de signo y el PSOE, que gobernaba junto con Coalición Canaria, se hizo cargo de la Consejería de Bienestar, que debía desarrollar la ley. «En la práctica, es papel mojado. No hay ninguna ayuda nueva, no hay más información, y ni siquiera orientan a las mujeres hacia nosotros. Habíamos propuesto que, en el teléfono de información de la Comunidad, se incluyera un apartado para las embarazadas», sin éxito.

Recogida de firmas para una ILP de RedMadre en Madrid.

Tres años y once meses
Castilla-La Mancha

En Castilla-La Mancha, la ILP se aprobó por unanimidad, dentro de la Ley de Familias Numerosas y Maternidad. Era diciembre de 2010, y gobernaba el PSOE. Pero, en mayo de 2011, el PP ganó las elecciones autonómicas, y la aplicación se paralizó. «Nos dio mucha pena, porque había sido mucho tiempo de trabajo con los dos partidos. Pensábamos que, cuando llegara el PP, iban a volcarse, pero ni siquiera nos recibieron al grupo promotor», lamenta doña María Jesús Rocha, vocal de Comunicación de RedMadre Toledo. El motivo que se alegaba era la crisis, pero «hay cosas que no requieren dinero, como poner un teléfono 24 horas, llevar información sobre RedMadre a los centros de salud y trabajadores sociales, meterla en el sobre de información para abortar, y formar a los funcionarios, y tampoco se ha hecho».

El panorama pareció cambiar el 1 de octubre, poco después de que el Gobierno central retirara la reforma del aborto. Al presentar los Presupuestos Generales para 2015, la Presidenta Cospedal anunció un Programa de Apoyo a la Maternidad dotado de hasta 20 millones de euros, y que incluiría 2.000 becas mamá y ayudas para la vivienda. RedMadre se ha reunido con el Gobierno autonómico, pero aún no han recibido ningún documento que concrete estas propuestas. En teoría, las ayudas empezarían a aplicarse el 1 de enero, sólo cuatro meses antes de las autonómicas. De momento, están a la expectativa y con un poco de prevención, por si es una medida electoralista que vuelva a quedar en nada.

No es por la crisis

Doña Amaya Azcona, Directora General de la Fundación RedMadre, cree que el hecho de que las leyes de ayuda a la maternidad no tengan una aportación económica no es el principal de sus problemas. Desde el principio, RedMadre y el Foro Español de la Familia plantearon las ILP «con la voluntad de apoyar a la mujer de forma que no supusiera una carga económica para la Administración». Por ejemplo, con fórmulas para que una adolescente embarazada siga estudiando, o para que en las consultas médicas se informe a la mujer sobre las alternativas al aborto. Tampoco se está haciendo. Desde RedMadre, lo atribuyen a que «una ley sola no cambia la cultura. Depende también de la voluntad política y de los administradores, y hasta ahora no ha habido esa voluntad. Si la hay a partir de ahora, aplaudiremos. Ya tienen la herramienta, que la utilicen».

Algunos datos

8 Autonomías aprobaron las ILP RedMadre entre 2008 y 2012. Cuatro las rechazaron (Andalucía, Aragón, Extremadura y Navarra). Sólo en Cataluña y el País Vasco no se lograron las firmas necesarias.

629.000firmas se consiguieron a favor de las ILP en total. Esto es un 50 % más del mínimo (421.000). Fueron certificadas 454.800.

Año 2006. El proyecto de las ILP RedMadre se puso en marcha cuatro años antes de la ley Aído/Rajoy.

23.300 mujeres han seguido adelante con su embarazo gracias a RedMadre. Desde 2007, ha atendido a 29.126 mujeres, 7.503 en 2013. Ese año, el 89 % siguió su embarazo.