La Iglesia acampa frente al Ministerio de Exteriores

El Consejo Europeo que arranca hoy en Bruselas firmará el acuerdo definitivo con Turquía sobre la devolución de refugiados. Para exigir al Gobierno español que no acepte una medida que «vulnera los derechos humanos y el Estado de Derecho en Europa», las entidades de acción social de la Iglesia en España –Cáritas, CONFER, el Sector Social de la Compañía de Jesús y Justicia y Paz– se instalaron ayer frente al Ministerio de Asuntos Exteriores emulando un «campamento de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas». El objetivo de la protesta es «simbolizar las precarias condiciones en las que se encuentran estas personas», señalan en una nota conjunta las instituciones.

El acuerdo inicial preveía que, por cada persona siria devuelta desde la UE a Turquía, se traslade a una persona siria desde este país a Europa, aunque el cuándo y el cómo de ese reasentamiento son cuestiones absolutamente inciertas. El resto de migrantes y refugiados procedentes de otros países que lleguen a Grecia serán automáticamente repatriados a Turquía, en contra del derecho internacional.

Cristina Manzanedo, abogada del Servicio Jesuita a Migrantes, califica la propuesta como «un salto al precipicio». Las instituciones eclesiales de acción social lanzaron el lunes una campaña conjunta de recogida de firmas para frenar la medida. «Nunca creímos que Europa llegaría tan lejos, que fueran capaces de incumplir el marco legal de derechos que nos ha llevado décadas construir. No se trata de una crisis de refugiados, sino de una crisis de Europa». «Se ha cruzado una línea roja y nuestra única esperanza es la sociedad civil», asegura Manzanedo. Monseñor Ciriaco Benavente, presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones, calificó la acción de «oportuna». En la tarde del martes, al cierre de esta edición, rondaban las 20.000 firmas.

La nota conjunta pide al Gobierno «mantener abiertas las fronteras de la UE para garantizar el acceso a la personas con necesidades de protección»; la «prohibición de devoluciones colectivas»; el «trámite individual de cada solicitud de asilo, sin discriminación por raza o nacionalidad»; la «solidaridad con los países europeos y países limítrofes donde llegan la mayoría de los refugiados», o el establecimiento de «vías de acceso legal y seguro a Europa, además de un sistema de distribución de la población justo para los estados y para las personas refugiadas».