No es verdad 843 - Alfa y Omega

El Presidente del Constitucional pagó cuotas de militante al PP; Los magistrados del TC pueden militar en partidos sin que afecte a su independencia; Tres jueces progresistas del Tribunal Supremo impiden que el ex ministro socialista José Blanco sea juzgado por el caso Campeón; Ocasión perdida para la Justicia; La reforma del Poder Judicial aborda con buen criterio una reducción de competencias del Consejo General del Poder Judicial, pero el problema -la politización- se mantiene intacto…: son algunos titulares de estos días, que ponen en evidencia que la imagen de la Justicia, hoy, en España, no es lo que se dice para tirar cohetes, sino más bien manifiestamente mejorable.

Ocurre en un momento de la vida española en el que los observadores más sensatos y lúcidos, como monseñor Fernando Sebastián, tienen la impresión de que, «en las respuestas a la crisis, nos estamos quedando cortos. La crisis es económica, ciertamente; pero, junto a eso, el déficit, la deuda, el crédito…, hay otras cosas: el despilfarro, las comisiones, los fraudes. Y, además, la falta de autoridad, la lentitud de la Justicia y, a veces, su poca imparcialidad. Y, más profundamente, la codicia, la mentira, el partidismo, la destrucción del adversario, el poder a toda costa. Y, en la raíz de todo, el decaimiento de la conciencia moral».

Mucho me temo que nadie medianamente inteligente pueda estar en desacuerdo con este análisis de monseñor Sebastián. ¿Durante cuánto tiempo puede seguir así una nación? ¿Un país puede estar en discordia permanente? ¿Hasta cuándo el pueblo español va a tener que soportar que, cuando los socialistas pierden unas elecciones, las quieran ganar por otros medios diferentes de las urnas? Dice el Tribunal Supremo que las gestiones de Blanco (para los amigos, Pepiño) en pro de su amigo no son delito. Pues ¡qué bien! quedará archivado el caso Pepe Blanco, a no ser que surjan nuevas denuncias contra él. Y los humoristas de los periódicos podrán bromear con el milagro del Apóstol, tras el Camino de Santiago de Blanco, para mejorar su imagen; pero, para el común de los mortales de a pie, mucho me temo que a Blanco no hay quien lo blanquee.

Luego está el viejo asunto de los etarras. He leído en un periódico que ETA insiste en la negociación directa para entregar las armas, y cree que, sentarse en la misma mesa con el Gobierno, es el camino más eficaz. ¿Más eficaz para qué? ¿Para la indignidad? ¿Unos asesinos se pueden sentar en la misma mesa con el Gobierno de una nación? Mientras tanto, sigue el gota a gota de la libertad de los asesinos, terminales o no. Isabel San Sebastián acaba de escribir, en ABC, que «la libertad de Urrusolo Sistiaga, uno de los sicarios más sanguinarios de la banda, es otra promesa incumplida, amén de un salivazo a nuestra dignidad maltrecha». Los listos que nunca faltan ya se ocupan de que otras cosas tapen éstas tan de fondo; para eso están los bárcenas, no faltaba más. El humorista Nieto ha pintado a Rajoy, sentado en medio de la piel de toro, en plan meditativo, y ha ido al diccionario de la Real Academia para descubrir que bárcena significa: Lugar llano, próximo a un río, el cual lo inunda, en todo o en parte, con cierta frecuencia. Pues eso, así andamos en este caluroso verano, por estos pagos: inundados de bárcenas. Y pendientes de si moción de censura sí o no; seguros de que en Andalucía, no. Cuando un Presidente del Gobierno tiene que recordar que la legitimidad democrática proviene de las urnas, qualcosa non va. Y, a la hora de distraerse de lo que no conviene recordar, a falta de bárcenas, ya tenemos almunias que, desde Bruselas, ponen en vilo y en riesgo a todo el sector naval español. Iñaki Ezkerra, bajo el título Entender a Almunia, ha escrito, en ABC: «Puede entenderse que Almunia no quiera hacer con su país una excepción a favor, pero no que haga una excepción contra su país»; y Mayte Alcaraz, bajo el título Don Joaquín, ha concretado un poquito más en el mismo periódico: «Las excusas de Almunia ante Soria no se compadecen con la suculenta poltrona de 22 mil euros al mes en la que le colocó el Gobierno de España».