Abusos, una lucha siempre pendiente

Prevención y sanación, pero también que las autoridades eclesiásticas asuman su responsabilidad. Eso quiere Francisco. Por eso acaba de publicar un decreto inédito con título Como una madre amorosa, en el que solicita a todos los obispos y superiores religiosos «emplear una particular diligencia en proteger a aquellos que son los más débiles entre las personas a ellos confiadas». Les advierte de que la negligencia o la falta de atención a las denuncias de abuso constituyen faltas graves. De verificarse, el culpable podrá ser sometido a un proceso y separado del cargo.

«El Papa quiso subrayar que la persecución de estos crímenes se debe cumplir con mucha coherencia y no hay vía de salida, ni siquiera cuando se habla de la mala imagen de la Iglesia», precisa Hans Zollner, presidente del Centro para la Protección de los Niños de la Universidad Gregoriana de Roma y miembro de la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores, un organismo del Vaticano creado en 2014 por el Papa para reforzar la prevención en la materia.

En entrevista con Alfa y Omega, el jesuita alemán reconoce que el decreto de Francisco, publicado el 4 de junio, «no es nada nuevo», porque retoma aspectos que ya existen en el Código de Derecho Canónico, la ley fundamental de la Iglesia. Pero eso no le resta importancia. Era «indispensable» —afirma— reforzar la normatividad vigente y recordarle a quienes ejercen autoridad que sus actos tienen consecuencias.

Zollner sabe que en la Iglesia persisten resistencias cuando se habla de denunciar abusos. «Se comprende, porque nadie admite con alegría los pecados y los crímenes, pero el Papa ha declarado taxativamente que esto no es lícito y que debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos, todo lo que está en las normas. Por esto debemos apuntar a la educación, a la formación, para que las personas estén más informadas y sean capaces de tomar las justas decisiones».

Los obispos culpables de negligencia en casos de abusos —explica— no solo podrán ser destituidos de sus puestos, también podrían perder su condición de clérigos si se ven involucrados en casos «clamorosos». Por eso, diversas oficinas del Vaticano (las congregaciones para los Religiosos, para los Obispos y para la Evangelización de los Pueblos) están trabajando en la elaboración de procedimientos internos con los cuales perseguir esas faltas.

Progresos desiguales

Este último decreto es una pieza más de un complejo rompecabezas papal que comenzó a conformarse con Benedicto XVI. Escándalos vergonzantes como el de los seminarios de Estados Unidos convencieron al cardenal Ratzinger de la magnitud de una crisis brutal. Como Papa se ocupó de casos como el de Irlanda o el de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo. La intensidad de sus medidas llevó a la prensa a calificar su política en la materia como de «tolerancia cero», aunque esas dos palabras nunca salieron explícitamente de su boca.

Esa misma actitud la mantuvo Francisco, quien pocas semanas después de ser elegido en 2013 se comprometió a seguir los pasos de su antecesor. Entre otras cosas tipificó el delito de abuso contra menor en la ley civil del Estado Vaticano, conformó la comisión para la tutela de los menores, reforzó los tribunales eclesiásticos en la materia y pidió abiertamente a los obispos de todo el mundo ocuparse de este flagelo.

Pero la Iglesia toda no se ha movido con la misma velocidad que su cabeza. «La situación respecto a las medidas preventivas en varias partes del mundo es muy diversa», explicó Zollner, que destaca los esfuerzos de primer orden en países como Estados Unidos, Irlanda, Bélgica y Alemania, donde se han verificado los peores escándalos.

«Hay otras zonas donde todavía hay mucho por hacer. Hablo de algunas zonas de África, aunque no todas. Hay países donde se empieza ahora a hablar de estas temáticas porque la sexualidad es un tabú, del cual no se dialoga y en torno al cual hay vergüenza. La situación es variada pero percibo que alcanzamos, como Iglesia, un cierto nivel de atención gracias a las intervenciones del Papa Benedicto y del Papa Francisco. Hay mucho que hacer pero a nivel global nos estamos moviendo», añade.

En lo que respecta a España, ahí «veo la conciencia de que algo se debe hacer», subraya Zollner, quien estuvo hace dos meses en Salamanca para reunirse con 70 personas procedentes de varias diócesis, congregaciones religiosas e instituciones educativas del país. «Me dijeron que era, quizás, la primera vez que dentro de la Iglesia se hablada de este tema explícitamente».

En el caso de América Latina la situación «es muy variada». En Chile, Argentina o México existe «bastante conciencia» debida también a los escándalos ocurridos, pero en otras zonas, como Centroamérica, las dificultades persisten también por la inestabilidad en las familias que genera menores vulnerables que terminan siendo abusados.

Casos abiertos en España

Más allá de la preocupación institucional, España no se ha escapado de los escándalos públicos. Uno de los casos más comentados involucró al ahora exsacerdote Román Martínez, supuesto cabecilla de un clan denominado Los Romanones. La supuesta víctima, un joven de 25 años, escribió una carta al Papa contándole su pesar y los ataques recibidos, según sus denuncias, reiteradamente en una parroquia del centro de Granada. El 10 de agosto de 2014 el muchacho recibió respuesta, en forma de una llamada telefónica en la cual Francisco le pidió perdón «por este gravísimo pecado y gravísimo delito». El juicio contra Román Martínez ya se encuentra avanzado y el fiscal ha pedido para él una pena de nueve años de prisión.

Otro caso que ha adquirido relevancia pública involucra a un profesor del colegio Gaztelueta de Leioa (Vizcaya). El acusado es numerario del Opus Dei. El denunciante, un joven que entre 2008 y 2009 tenía 12 años. Él remite a ese tiempo los ataques. Tras las primeras investigaciones civiles el proceso quedó archivado y la familia del muchacho acudió hasta el Papa. Él respondió con una carta en diciembre de 2014 e instruyó a la Congregación para la Doctrina de la Fe que investigue. Ese organismo vaticano delegó en España las pesquisas. Con base en los papeles que fueron enviados desde ese país, se desestimó la causa eclesiástica. Pero el juicio canónico nunca llegó a conducirse, solo hubo una investigación previa.

Donde no avanzó el Vaticano, sí lo hizo el Juzgado de Instrucción número 5 de Guecho que en mayo decidió imputar al profesor acusado. En Roma confirman que, si se aportan nuevas pruebas, se podría reabrir un caso que para nada está cerrado definitivamente.