En él considera necesario «recuperar cuanto antes» el horizonte de estabilidad política y normalidad institucional que permita afianzar la recuperación económica así como preservar las condiciones de confianza y seguridad propicias a la inversión, continuando con las reformas necesarias y haciendo que «este proceso de mejora económica se traslade y beneficie a todos los ciudadanos en forma de recuperación del empleo».

Para consolidar el escenario de recuperación económica, los expertos consideran «indispensable que se forme, cuanto antes, un gobierno estable que garantice, que en los próximos años, se continúen corrigiendo los desequilibrios macroeconómicos» y se siga profundizando en la ejecución de las reformas estructurales que posibilitarán el avance hacia un crecimiento económico sostenible. Destacan, además, la necesidad de mantener el control presupuestario y la racionalización administrativa y tomar nuevas medidas que impulsen la creación de empleo.

A pesar de la reciente revisión a la baja de las expectativas de crecimiento pronosticada por el FMI, que coincide con una bajada general de estimaciones de las 18 principales economías del mundo, las previsiones del Gobierno de España prevén un crecimiento superior al 2,6% en 2016 y del 2,4% en 2017, con una creación de empleo de unos 900.000 puestos de trabajo en dos años.

De esta forma, pese al contexto incierto, especialmente en el ámbito internacional, «parece que seguirá la tendencia positiva de la economía española, que reflejan los datos macroeconómicos y avalan numerosas instituciones y organismos, nacionales e internacionales».

El Observatorio señala que en la etapa más reciente, la situación del mercado de trabajo ha experimentado «un cambio claro de signo, abandonando el alto ritmo de destrucción de empleo y registrando avances evidentes en la reducción de la tasa de paro». No obstante, los expertos subrayan la necesidad de seguir tomando medidas que permitan que la mejoría de la coyuntura económica se refleje en una «reducción significativa del desempleo». De hecho, el desempleo sigue a la cabeza de las preocupaciones de los españoles y de forma muy destacada (con un 77,1%) según refleja la encuesta del CIS.

Los expertos también destacan que sería deseable que la creación de nuevos puestos de trabajo se tradujese en una mayor creación de empleo estable y de calidad, fomentándose la contratación indefinida y protegiendo a los colectivos con mayores dificultades de inserción laboral. En este sentido, desde el Observatorio se recuerda que, «tras la dura crisis vivida en nuestro país, las tasas de desempleo son aún muy elevadas, superiores a la media comunitaria y a la media de los países desarrollados, y que tras ellas hay muchos dramas personales y situaciones de dificultad». Por ello, subraya que son las personas más vulnerables y los colectivos en riesgo de exclusión, los que han de ser objeto de atención prioritaria.

Respecto al déficit, los expertos subrayan que, en los últimos años, se ha producido un desajuste creciente entre el gasto público y los ingresos recaudados. Ello ha provocado el aumento del déficit y un endeudamiento excesivo de las administraciones públicas españolas, según los datos que recoge la agencia europea Eurostatt.

Recientemente, la Comisión Europea ha pedido nuevamente a España que garantice una corrección duradera del déficit excesivo, reduciéndolo al 3,7 % del PIB en 2016 y hasta el 2,5% en 2017; con lo que se amplía un año el plazo para cumplir con los objetivos marcados. Además, la Comisión ha instado a «la adopción de las medidas estructurales necesarias» y ha propuesto un esfuerzo de más de 8.100 millones de euros, en dos años.

Las administraciones públicas españolas acumulan una deuda pública de 1.095.358 millones de euros, una cifra que supera el 100% del PIB (algo que no sucedía desde 1909). Sin embargo, el endeudamiento privado ha caído de manera muy relevante, reduciendo uno de los principales desequilibrios de nuestra economía. En 2015, la deuda de las familias se redujo a niveles de 2006 y la de las empresas también se ha contraído notablemente.

En cualquier caso, España «debe cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria mediante una consolidación fiscal progresiva ya que el equilibrio de las cuentas públicas es un factor decisivo que mejorará la confianza de los inversores en nuestra economía y repercutirá positivamente sobre el crecimiento y empleo». En los próximos años, es necesario asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y del endeudamiento y mostrar una voluntad política y social clara de reducir los desequilibrios, porque son factores que contribuyen a reducir las incertidumbres e impulsan la economía.

Dada la relevancia de las pequeñas empresas en el tejido empresarial español, donde el 99,88% de las empresas son pequeñas o medianas (PYMES) y el 83,3% de las empresas tiene dos o menos asalariados, las administraciones públicas deben tener en cuenta especialmente las necesidades específicas de estas empresas, según los expertos. Debe propiciarse un contexto que facilite su actividad y promueva el desarrollo empresarial, racionalizando y simplificando la administración, eliminando trabas administrativas, mejorandola regulación económica empresarial, facilitando el acceso a la financiación de las empresas y creando un marco fiscal competitivo.

El Observatorio Socioeconómico y Político de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir analiza pormenorizadamente el contexto general que atraviesa España en su último informe científico de análisis de la Situación de la economía y el empleo en España en el que colaboran más de 72 expertos de distintos ámbitos y reconocida trayectoria profesional.