«Es la consecuencia lógica de un sistema ineficaz» - Alfa y Omega

«Es la consecuencia lógica de un sistema ineficaz»

Cristina Sánchez Aguilar
Un grupo de internos amotinados en la azotea del CIE de Aluche, el pasado martes 19. Foto: FP Photo/Javier Soriano

Octubre ha sido un mes movido en los Centros de Internamiento de Extranjeros repartidos por España. La primera semana, 67 inmigrantes huían del centro de Sangonera, en Murcia, dejando a su paso a cinco policías heridos. Una semana después, 39 inmigrantes del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche permanecían toda una noche amotinados en la azotea del edificio, pidiendo libertad a gritos. Y, con un solo de día de diferencia, en el CIE de Barcelona, un grupo de 69 internos se declaraba en huelga de hambre hasta no ser liberados.

Para Santiago Yerga, coordinador del programa en los CIE de la ONG jesuita Pueblos Unidos, «lo que ocurrió la semana pasada es la consecuencia lógica de un sistema que no funciona y es absolutamente ineficaz». Un sistema, añade, «con una lógica perversa, en el que intentan expulsar a los inmigrantes, pero si no pueden hacerlo les va a dar igual, porque van a seguir manteniéndolos encerrados en los centros». Son las pésimas condiciones en las que se encuentran los internos y el menoscabo de derechos que se producen dentro lo que acaba en situaciones como esta».

Manifestación frente al CIE el mismo día del motín. Foto: EFE/Fernando Alvarado

No se cumplen ni los mínimos

Según el último informe publicado por la Universidad Pontificia de Comillas, con fecha de junio de 2015, los CIE son «auténticas cárceles». El trabajo analiza la situación de los ocho centros que hay en España (Algeciras-Tarifa, Barcelona, Madrid, Murcia, Valencia, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife), en los que, según Concha Molina, una de las autoras del informe, «no se está cumpliendo la legislación marcada por el real decreto del año 2014». Y eso que esta última regulación está más cerca de «los mínimos requisitos para salvaguardar los derechos humanos que de los máximos. Y aún así no se cumplen en ningún CIE».

La investigadora asegura que cada centro es independiente, pero «hay cuestiones comunes. Es el caso de la asistencia sanitaria, por ejemplo, que debería ser continua y no lo es. Si un interno necesita ir a urgencias, no puede salir del centro, pero tampoco tiene opción de ser atendido por un médico». La otra problemática principal para Molina es «la falta de traductores. Los inmigrantes que hay no suelen dominar el español, y no pueden hacerse entender ni con la enfermería ni con los abogados que deberían informarles sobre sus derechos. Hay muchos que podrían solicitar asilo y no lo hacen por desconocimiento». Esta deficiencia informativa la denuncian también «los propios Cuerpos de Seguridad».

El informe de Comillas incluye propuestas de mejora, como reducir el plazo máximo de internamiento, «ya que el plazo de 60 días actualmente vigente parece excesivo y, en todo caso, no justificado, teniendo en cuenta que la legislación anterior especificaba un periodo máximo de 40 días». Asimismo, solicitan que la convivencia en el interior no quede en manos de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía porque «carecen de la formación precisa, debiendo depender de personal especializado en asistencia social».